El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se creó por orden de los Reyes Católicos en el año 1478. Fue un organismo destinado a asegurar la primacía de la religión católica en todo el territorio nacional. Perseguía y juzgaba a los herejes y a quienes les ayudaban. Se ajustició a miles de personas, la mayoría judíos. La comunidad judía había logrado posiciones de poder muy relevantes y sufrió una persecución implacable. Dio origen a la conversión de numerosos judíos y a que bastantes huyeran. Finalmente fueron expulsados en el año 1492. La represión continuó en los siguientes años y siglos contra judeoconversos, moriscos, protestantes y cristianos viejos. También contra actos de blasfemias y supersticiones.

Su abolición fue aprobada por mayoría absoluta en las Cortes de Cádiz en el año 1812. Fernando VII la volvió a implantar en el año 1814 y su fin no se produjo de forma definitiva hasta el año 1834 durante la Regencia de María Cristina de Borbón, en el inicio del reinado de Isabel II cuando ésta era aún menor de edad.

Se estima que durante estos algo más de tres siglos se ejecutaron a unas diez mil personas. Aproximadamente un tres o cuatro por ciento de las condenas acabaron en pena de muerte. Hasta el año 1560 no hubo datos fiables.

Los primeros tribunales inquisitoriales creados en Europa datan del siglo XII. Como institución fue creada en Francia en el año 1184 por el papa Lucio III. Su objetivo era perseguir a los albigenses, el nombre de los cátaros debido a que se asentaron en torno a la ciudad de Albi, al sur de Francia. Éstos no creían en la existencia de un Dios único ni en otros dogmas.